En julio de 1959 los delegados del FMI visitaron Uruguay y un año después el gobierno uruguayo firmó la primera carta de intención a cambio de obtener préstamos de los bancos internacionales y así remediar los problemas económicos del país. El gobierno defendió la idea de que Uruguay tenía una economía independiente, pero la opinión pública no le creyó. Las reformas económicas que se plantearon coincidían con las recomendaciones que sugería el Fondo Monetario Internacional. El Colegiado blanco, que gobernaba desde 1958, intentaba desarmar el Estado de bienestar batllista aplicando una economía neoliberal. El objetivo principal era reducir la intervención del Estado en la economía para que esta se regulara sola.

La aplicación de las indicaciones del FMI tuvo consecuencias negativas. Ni la producción ni las exportaciones de materias primas aumentaron, muchas de las industrias creadas con el apoyo del Estado quebraron, creció el desempleo y por lo tanto descendió el consumo interno. El peso uruguayo perdió valor con respecto al dólar y los precios de los productos aumentaron mucho mientras los salarios se estancaban. A esto se sumó que el gobierno debía solicitar préstamos para pagar sus deudas y, por tanto, se endeudaba cada vez más.

La economía uruguaya entró en un período de crisis muy profundo. Las consecuencias sociales y políticas fueron muy graves. Hubo un importante aumento de la pobreza y un deterioro en el bienestar económico de la mayoría de la población. El malestar social aumentó y muchas organizaciones sindicales y políticas se movilizaron para luchar por los intereses de las clases trabajadoras. La sociedad uruguaya se dividió en dos bandos: aquellos que mantenían su poder económico y no querían cambios políticos y aquellos que empezaban a perder sus derechos y reclamaban cambios.